Desde los Altos

Por Fredy López Arévalo

Los integrantes de la VI visita de la Comisión Civil Internacional de Observadores por los Derechos Humanos (CCIODH), exaltaron ayer “la construcción de las autonomías indígenas de las comunidades zapatistas”, como el ejemplo más avanzado de desarrollo comunitario, pues genera espacios propios de participación social, económica y política cuya intensidad desborda los referentes institucionales y confronta profundas dinámicas de dominación todavía vigentes”, por lo que criticaron duramente a los poderes públicos, que han hecho frente al modelo autónomo con políticas de desarrollo socia” que no han respetado está realidad, ni han incorporado seriamente la participación de las comunidades en el diseño de las mismas, y si por el contrario, su implementación, “viene creando división y conflicto en muchas comunidades”.
Aunque la conclusión más importante para la CCIODH es que nada parece haber cambiado en Chiapas en los últimos 10 años: “A 10 años de la masacre de Acteal, la situación social en Chiapas sigue atravesando por profundas dinámicas de desigualdad y exclusión. Tales dinámicas afectan a la mayor parte de su población y de manera especial a la indígena y campesina”, según el considerando general de las Conclusiones y Recomendaciones provisionales de los integrantes de la VI visita de la Comisión Civil Internacional de Observadores por los Derechos Humanos (CCIODH), quienes llevan siete días en nuestro territorio entrevistándose con “un amplio número de personas, organizaciones, sectores sociales e instituciones”.
En su “balance provisional”, la CCIODH considera: la desigual e insuficiente satisfacción de servicios básicos en el terreno educativo y de salud, junto con otras vulneraciones de derechos sociales y culturales fundamentales explican igualmente la preocupante situación de los derechos humanos en la región; los poderosos obstáculos en el acceso a recursos básicos para la supervivencia y el libre desarrollo individual y colectivo, se sitúan en el trasfondo del conjunto de las graves vulneraciones de los derechos humanos detectadas. Tales dificultades afectan esencialmente a la posesión de la tierra, el acceso al agua, a la energía y a la biodiversidad en su conjunto.
Dice el “balance provisional” de la CCIODH: “La perspectiva histórica que nos ofrece el tiempo transcurso –diez años después de nuestra primera visita-, así como el anuncio por parte del nuevo gobernador Juan Sabines de dejar atrás algunas de las prácticas de gobiernos anteriores, justificaba el interés de nuestra presencia en Chiapas”.
La declaratoria de la CCIODH se da dos días después que los obispos Samuel Ruiz García, en retiro, y Raúl Vera López, de Saltillo, cuestionaron severamente “la criminalización de la protesta social”, con la reforma del Código Penal del estado de Chiapas, que crea el delito de “incitación a la violencia” lo que, dijeron, es un “retorno al autoritarismo por la vía democrática”; y a tres días que el alcalde coleto, recoleto, Mariano Díaz Ochoa, destruyó con la fuerza pública a centenares de vendedores del estacionamiento público del Mercado José Castillo Tielmans; que el ejército peina Venustiano Carranza y Chiapa de Corzo en busca de presuntos eperristas; y que el gobierno estatal ha detenido a decenas de indígenas, como los 23 detenidos por la protesta pacífica en las instalaciones de la SEAPI; o la detención y pronta liberación del orador de la protesta contra el TLC, Felipe Hernández Yuma, liberado “bajo reserva de ley”.
Pero sigamos con las conclusiones provisionales de la CCIODH, que en total son once puntos. En el 4, confirman: “La existencia de necesidades básicas insatisfechas, junto con la falta de confianza en los cauces institucionales de participación, genera procesos de organización social. La reivindicación colectiva organizada, en efecto, es vista como única vía de realización, siempre parcial, coyuntural y competitiva, de los intereses y necesidades más esenciales”.
Agregan, en el punto 5: “En algunos casos la movilización colectiva supera la reivindicativa para apostar por respuestas de autotutela de los derechos. La construcción de las autonomías indígenas de las comunidades zapatistas es sin duda el ejemplo más avanzado pues genera espacios propios de participación social, económica y política cuya intensidad desborda los referentes institucionales y confronta profundas dinámicas de dominación cultural todavía vigentes.
Pero lo más crítico, sin duda, es el punto número 7, porque según la CCIODH, “La política de control y represión de esta movilización colectiva también ha diseñado contexto de vulneración de los derechos humanos, como la presencia del Ejército en la llamada zona zapatista, porque la continuidad de tal presencia militar resulta desproporcionada y por tanto es injustificada”.
Y aunque en el inicio de su informe, resaltan el anuncio del gobernador Juan Sabines Guerrero, de “dejar atrás algunas de las prácticas de gobiernos anteriores”, en el punto número 8, lo critican, pues aún con su tal traída y llevada Fiscalía Especializada para el caso Acteal, no se ha logrado ningún avance significativo. “La detención de sujetos ya condenados por estos hechos, la revisión de las sanciones administrativas ya impuestas o la firma de acuerdos con la comunidad sin reconocimiento de la verdad sobre los hechos son simplemente actos políticos de carácter simbólico, inútiles para el alcance de la justicia”.
Por eso advierten: “que en la actualidad continúan apareciendo numerosos casos de impunidad de los servidores públicos. “Este hecho no favorece en absoluto la confianza en el sistema judicial ni dibuja el mejor contexto para la lucha contra las violaciones a los derechos humanos. Pese a algunos gestos de buena voluntad del nuevo equipo de gobierno, no se ha avanzado realmente en este aspecto”.
Y lazan un dardo, que bien puede costarle la cabeza a ese soberbio pequeñín panista que despacha en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Juan Carlos Guillen, puesto que nada ha dicho al respecto, ni una sola recomendación ha emitido al actual gobierno para que corrija rumbo, y así la CCIODH, en solo siete días, logró documentar, lo que para el pequeñín albiazul no ve o finge que no ve: “Especialmente inquietante resulta la reiteración de un patrón de actuación de servidores públicos consistentes en la consideración de denuncias falsas, el uso del maltrato físico como medio de obtención de declaraciones autoinculpatorios y el valor probatorio de tales confesiones en el proceso judicial: Este modelo, que frecuentemente concluye con sentencias de muchos años de cárcel, sirve como mecanismo para la persecución de miembros de organizaciones sociales y como instrumento de contraisurgencia, en el que participan además particulares en connivencia con las autoridades”.
En el punto 10, la CCIODH destaca la presencia de grupos paramilitares, que recomiendan sean disueltos y desarmados, pero que dicen, “la continuidad de su presencia como su conexión con agentes de seguridad pública. En algunas áreas geográficas su actividad incluso ha aumentado”.
“La CCIODH ha detectado –lo que no ha detectado en pequeñín albiazul- numerosas irregularidades en el funcionamiento de la justicia que la hacen participe del mencionado modelo de reacción frente a las organizaciones sociales y en especial de personas y comunidades indígenas, respecto de las cuales la indefensión continúa siendo regla general”.
¡Sopas¡